La reciente COP16 del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) abordó una extensa agenda de temáticas, muy en línea con la necesidad de una pronta y efectiva implementación del Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal (KM-GBF, por sus siglas en inglés), donde las metas a 2030 presionan fuertemente las prioridades. Por lo mismo, el océano pareciera verse difuminado ante otras temáticas como la movilización de recursos y el mecanismo financiero; biodiversidad y cambio climático; distribución de beneficios asociados al uso de información digital de secuencias (DSI, por sus siglas en inglés) sobre recursos genéticos; planificación, monitoreo, reporte y revisión; entre tantos otros. No obstante, y pese a que el ODS 14 – Vida Submarina es uno de los más desfinanciados de toda la Agenda 2030, esta COP16 trajo buenas noticias para el océano. Su agenda incluyó dos decisiones sumamente relevantes en materia oceánica: la primera, relativa al futuro trabajo sobre Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica (EBSA, por sus siglas en inglés), y la segunda, más general, relativa a biodiversidad marina y costera y biodiversidad insular.
Las EBSAs representan zonas en el océano que cuentan con características particulares, tales como su exclusividad o rareza; su especial importancia para las etapas del ciclo vital de las especies; su importancia para especies y/o hábitats amenazados, en peligro o en declive; su vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad o lenta recuperación; su productividad biológica; su diversidad biológica; o su naturalidad. Estas características fueron recogidas en 2008 (COP9) como los criterios técnicos para el reconocimiento de una zona como EBSA, estableciéndose en 2010 (COP10) que dicho reconocimiento es un ejercicio científico y técnico, que debe estar basado en la mejor evidencia científica disponible e integrando el conocimiento tradicional de Pueblos Indígenas y comunidades locales. Lo anterior ha llevado a la identificación de más de 300 EBSAs a nivel global a la fecha.
Sin embargo, este esfuerzo no estaba completo. En 2016 (COP13), se acordó iniciar un trabajo que permitiera desarrollar modalidades para modificar la descripción de áreas que cumplieran con los criterios, así como para describir nuevas áreas, tanto dentro como fuera de jurisdicción nacional, con pleno respeto a la jurisdicción de los Estados ribereños. Ocho años después, Cali se convirtió en el lugar donde se cumpliría este mandato. Estas modalidades, retrasadas por años, incluían desde elementos tan básicos como permitir correcciones editoriales hasta aspectos complejos como la modificación de un área por la existencia de nueva evidencia científica. La decisión alcanzada en esta COP16 no sólo logra concluir el trabajo sobre las modalidades, sino que también conjugar este ejercicio científico y técnico, sin menoscabarlo, con el siempre difícil debate sobre cómo abordar las preocupaciones de los Estados frente a zonas en disputa o reclamación.
Esta decisión es histórica, no sólo por cerrar ocho años de negociaciones, sino por abrir todo un nuevo capítulo para la protección del océano a nivel global. Estas modalidades permitirán incorporar nueva evidencia y variables que al momento de describirse algunas áreas no estaban consideradas, como es el impacto del cambio climático en los patrones migratorios de las especies o en la abundancia de biomasa en una zona, así como dar un renovado impulso para la descripción de nuevas áreas alrededor del mundo. Y como si esto no fuera suficiente, la decisión realiza un reconocimiento a los vínculos entre EBSAs y el Acuerdo BBNJ, que tiene por objeto la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales.
Si bien el reconocimiento de una EBSA no se traduce automáticamente en el establecimiento de una medida de protección, sienta las bases científicas para futuros procesos, otorgando información clave para que los gobiernos puedan fundamentar sus decisiones. Por ejemplo, una de las cuatro EBSAs identificadas en Chile, la Cordillera de Nazca y Salas y Gómez, se encuentra protegida en las aguas jurisdiccionales de Chile y Perú, siendo su caracterización como EBSA un antecedente clave para esos procesos. Ahora bien, más de un 70% de esta EBSA se encuentra fuera de jurisdicción nacional y carece totalmente de protección. Y he aquí donde nuevamente su calidad de EBSA juega un rol fundamental: los criterios que permiten definir a una EBSA (su rareza, su vulnerabilidad, su diversidad biológica) son también parte de los criterios indicativos para la determinación de las áreas sobre las cuales el Acuerdo BBNJ podrá adoptar medidas como los mecanismos de gestión basados en áreas (ABMTs, por sus siglas en inglés), incluidas áreas marinas protegidas (AMPs).
Gracias a esta decisión en COP16, se podrán catalizar esfuerzos a nivel global para la descripción de EBSAs que a futuro puedan ser ABMTs bajo BBNJ. Lo anterior es particularmente importante si se considera que las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales (alta mar y fondo marino) son claves para cerrar las brechas de protección de ecosistemas marinos, en línea con la Meta 3 del KM-GBF, más conocida como 30×30.
Por otra parte, la segunda decisión, relativa a biodiversidad marina y costera y biodiversidad insular, incluyó varios aspectos destacables. Entre otros, fortalecer la cooperación intergubernamental en los esfuerzos para prevenir la pesca ilegal, no reportada y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés); continuar con las actividades de construcción de capacidades y alianzas, con la participación de Pueblos Indígenas y comunidades locales, mujeres y jóvenes, a fin de apoyar la implementación del KM-GBF; y un anexo identificando brechas adicionales en el trabajo bajo la CBD que requieren ser abordadas para la efectiva implementación del KM-GBF, incluyendo, entre otras, la investigación del océano profundo y ecosistemas mesopelágicos; el uso de soluciones basadas en la naturaleza en el contexto marino-costero e insular; la comprensión de las contribuciones de los espacios azules (blue spaces) al bienestar humano; y la regulación del uso y participación en los beneficios asociados de recursos genéticos marinos y DSI.
Si bien este par de decisiones se insertan en un panorama más amplio, por lo que por sí solas no son suficientes para calificar una COP como exitosa o no, sí son buenas noticias para el océano. No obstante, existen elementos pendientes. Aunque Chile abogó por y logró la inclusión de referencias concretas a mujeres y niñas, jóvenes y defensores de derechos humanos ambientales, históricamente invisibilizados en el contexto marino-costero, no fue posible lograr el consenso necesario para hacer referencia a temáticas transversales reconocidas en el Target 23 y la Sección C del KM-GBF, como son las medidas género-responsivas o el enfoque basado en derechos humanos. Tampoco se logró avanzar en materia de minería submarina, a pesar de los impactos de esta actividad sobre el ambiente marino.
La implementación efectiva del KM-GBF representa múltiples desafíos, tanto para Chile como para la comunidad internacional, y ciertamente no se reduce a la Meta 3 en materia marina. Ahora bien, alcanzar dicha meta requiere no sólo declarar un número de kilómetros cuadrados hasta llegar al 30% global, sino también prestar atención a otros elementos como la conectividad e integridad ecosistémicas. Estas decisiones, especialmente la de EBSAs, marcan un antes y un después en la conservación del océano porque nos brindan la oportunidad de dotar de contenido a ese 30%, incorporando la mejor evidencia científica disponible, así como otros sistemas de conocimiento como el tradicional, en el diseño y gestión de futuros mecanismos de protección, incluidas las áreas marinas protegidas. Gracias a las modalidades aprobadas y el vínculo entre EBSAs y BBNJ, se está allanando el camino no sólo a la protección de ese 30% del océano al 2030, sino también para ampliar nuestro conocimiento sobre los ecosistemas marinos y costeros, incluido ese otro 70% que también exige nuestra atención y que no podemos perder de vista. Sólo así lograremos asegurar un océano saludable, resiliente y fecundo para esta y las futuras generaciones.
Patsy Contardo
Abogada. Investigadora Asociada – Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Valparaíso
